Nueva Infamia Priista

(3 de septiembre de 2001)

Es en mí una convicción arraigada (que supongo que comparto con muchos compatriotas) que algo que vuelve a la política (en todos sus niveles y sectores) una dimensión de la vida particularmente detestable es que en ella muy fácilmente se puede ser a la vez (inter alia) incapaz e importante, odioso y vencedor, hipócrita y exitoso, deshonesto y laureado, traidor y triunfador. Por si fuera poco, es un hecho que en contextos de deterioro social evidente los políticos (autoridades, grupos parlamentarios, jueces, etc.) pueden con la mayor tranquilidad abrogar leyes protectoras o socialmente benéficas, al igual que en épocas de crisis pueden con la mano en la cintura sancionar leyes que ellos saben que tendrán como efecto una mayor presión sobre el ciudadano común y que harán de su vida una carga todavía más pesada. La propuesta de imponerle el IVA a medicinas, libros y alimentos es un ejemplo paradigmático de ello. Es precisamente por ser tan injusta y tan torpe políticamente que los legisladores no se han decidido todavía a darle el visto bueno a semejante propuesta. Pero, independientemente del desenlace, el punto es que hay quien se atrevió a proponerla y eso confirma lo que dije al principio. Tal vez podría sostenerse que, aunque susceptible de ser ignorado en cualquier momento, hay de todos modos en general un marco de opinión pública, de puntos de vista que, por así decirlo, están en el aire, de objetivos más o menos compartidos por todos que, de uno u otro modo, contribuyen a ponerle coto a decisiones absurdas o abiertamente contrarias al bienestar general y a los requerimientos de la población. Esto puede ser así pero, a pesar de ello, en política se puede con facilidad rebasar dicho marco e introducir (por lo menos en nuestros país así acontece) leyes declaradamente anti-sociales y contrarias al sentido común. Esa es, si no me equivoco, otra razón por la cual esa inevitable dimensión de la vida humana que es la política (entendida casi como mera politiquería) es francamente repulsiva.

Me propongo en esta ocasión considerar brevemente un caso de legislación grotesca reciente y que ilustra a la perfección lo que acabo de decir, pero antes quisiera rápidamente proporcionar el trasfondo de la misma. Para empezar, creo conveniente deslindarme de la clase de preguntas sinsentido y de falsos dilemas que a menudo se les plantea a los ciudadanos al, por ejemplo, pedirles que jerarquicen necesidades o peligros como si ello se pudiera hacer! Las preguntas que a menudo se le hacen a la gente son como: ‘¿Qué es peor para usted: tener hambre o tener sed, morirse de frío o morirse de calor?’. Así, constantemente vemos que tras el aparente sondeo en realidad lo que se hace es orientar la opinión pública planteando preguntas como: ‘¿Cuál es la principal preocupación de la gente: la seguridad o la economía?’. La pregunta es ridícula, porque seguridad y economía no son desligables más que lógicamente, pero no de hecho. Preguntas así, por lo tanto, están falseadas de entrada y ello hace ver que quien las plantea está interesado, más que en cualquier otra cosa, en manipular las mentes de la gente.

Lo dicho en el párrafo anterior me permite señalar que una de las múltiples fuentes de seria preocupación cotidiana para el mexicano medio, sin pretender asignarle un lugar particular en la jerarquía, es ciertamente la inseguridad (asaltos, secuestros, homicidios, etc.). Es un hecho que además de casi meramente vegetar y con el temor de quedar despedida, la gente vive con miedo. Esto se debe a que efectivamente se corren riesgos apenas pone uno los pies en la calle, pero también al hecho de que el miedo colectivo es exacerbado sistemáticamente por la publicidad que se le hace a los peligros, con lo cual dicha publicidad a su vez se convierte en una causa más del incremento de la violencia civil. Ahora bien, es claro que por principio todos los delitos merecen nuestro repudio, pero podría argumentarse que quizá se hacen todavía más acreedores a él aquellos en los que, alevosa y ventajosamente, se atenta directa y brutalmente en contra de la integridad física de una persona, y, de estos crímenes, los de carácter sexual resultan ser especialmente indignantes, sobre todo cuando hay niños involucrados. Es por eso que a mí me parece evidente que la violación y el estupro son delitos que ameritan una respuesta “fuerte” por parte del estado (por parte de la sociedad no hay la menor duda al respecto), pero como por lo visto no todo mundo comparte mi punto de vista, rápidamente enunciaré algunas de las razones que se pueden aducir en favor de la idea de que mi intuición al respecto es acertada. Consideremos, por ejemplo, la violación. Por lo pronto, podemos decir de ésta que es un acto:

a) de cosificación de una persona por parte de otra, puesto que la convierte en su objeto

b) mediante el cual y aunque sea en forma pasajera se esclaviza a una persona, dado que se le usa sin su consentimiento, haciéndole perder así todos sus derechos

c) en donde de manera ilegal se ejerce violencia física o intimidación (chantaje, presiones de diversa índole) sobre alguien

d) por el que se vulnera y daña a menudo definitivamente una parte sumamente sensible de la persona, lo cual tiene repercusiones negativas decisivas tanto físicas como psicológicas y sociales.

Es razonable pensar que en el contexto nacional de desamparo y desasosiego en el que se vive en la actualidad (deterioro palpable en los niveles de vida, demagogia insoportable, caos espiritual, desempleo masivo, consumismo a la vez embrutecedor y frustrado, desequilibrios sociales abominables), lo menos que se podría esperar de nuestros dizque “representantes” es si ya no cordura por lo menos un mínimo de compasión hacia los grupos sociales abandonados y más golpeados, sobre todo en relación con los crímenes sexuales más brutales. Empero, por increíble que parezca, en una decisión resultado de una intriga y fraguada desde hace algunos meses, el congreso del estado de Chihuahua, de abrumadora mayoría priista, a través de una tenebrosa y legalmente dudosa maniobra abrogó una serie de modificaciones al código penal estatal a las que después de arduas discusiones se había llegado e impuso una legislación que podríamos calificar sencillamente de ‘criminal’: con base en el ridículo argumento de que ya no hay lugar en las cárceles, los priistas se las arreglaron para establecer una legislación que prácticamente deja en libertad a los violadores y que súbitamente convierte al estado de Chihuahua en un auténtico paraíso para toda clase de depravados y degenerados. Para tener una idea de las implicaciones de la ley priista y evitar toda clase de ambigüedades, construyamos velozmente un par de situaciones imaginarias posibles.

A) Un degenerado se presenta en Ciudad Juárez y, en el parque central, contrata los servicios sexuales de un niño de 12 años y medio. Yo creo que, con la excepción claro está de un priista, cualquier persona normal entiende que si el niño está allí no es porque tenga una familia, padres que lo quieran y lo cuiden, asista a la escuela, sea atendido médicamente, etc. No: está allí porque es un niño que huyó de su casa o lo corrieron de ella, que probablemente está permanentemente hambriento, que con toda seguridad lacera su pequeño cuerpo con drogas, alcohol y tabaco, que comparte con ratas sus noches de coladera. Todos, salvo los endemoniados priistas, comprenden que un niño así tiene que venderse para sobrevivir y que un cobarde adulto, en condiciones de ventaja absoluta sobre él, se aprovecha de su situación de desamparo para usarlo sexualmente por tres miserables monedas. El adulto puede saberse sidoso y, a pesar de ello, entrar sin restricciones legales (puesto que sería risible hablar de restricciones morales o religiosas en un caso así) en el comercio sexual con el niño, puesto que ahora los inspirados priistas chihuahuenses (dan ganas de decir ‘chihuahueños’) le abrieron el camino: sencillamente no hay delito que perseguir: el niño de motu proprio se entrega al señor en cuestión. No hay, por lo tanto, nada qué decir, derechos que hacer valer, seres que proteger. Esa es la justicia priista real.

B) Una empleada sale a las 8.00 p.m. de su trabajo y, por las razones que sean, le urge llegar a su casa situada en las afueras de la ciudad. Toma un taxi sólo que al chofer se le hace fácil abusar de ella. De acuerdo con la nueva legislación priista, ese individuo puede, a pesar de ser convicto y confeso, quedar libre si el juez así lo considera pertinente. Y todo esto sucede en un estado en el que más de 180 mujeres han sido violadas y bestialmente asesinadas (algunos de esos asesinatos son simplemente inenarrables). No hay más que una conclusión posible: la legislación priista constituye una invitación al crimen sexual. Felicidades!

Es obvio que en política (como en casi todos los otros contextos de interacción humana), lo que cuenta son los hechos, los resultados, las consecuencias; las motivaciones y justificaciones pueden quedar para la especulación y la charla. Como acertadamente se dijo en la respuesta al informe presidencial, hay que aprender a medir a los partidos y a los personajes políticos por sus decisiones y realizaciones, sin dejarse adormecer por su verborrea, sólo que habría que exigirle a los priistas que empezaran por auto-aplicarse la idea. En este caso, la lectura realista de la postura priista no permite ambigüedad alguna: coloca a ese partido, en el conflicto entre la sociedad civil y el hampa, del lado del hampa. De hecho e independientemente de la pseudo-justificación que se avance, equivale a una cínica defensa de la sexualidad criminal. Los priistas, por lo tanto, se declaran enemigos de la población y en particular de mujeres y niños. Esos son los hechos. Pasemos ahora a las especulaciones: ¿cómo entender una medida tan retrógrada y anti-popular como esa?

Nos vienen a las mientes diversos escenarios. Primero, que hay un pacto (tácito o explícito) entre los priistas y el hampa de Chihuahua; segundo, que se trata de una venganza en contra de la población por las derrotas padecidas y una advertencia a la vez por las que muy probablemente sobrevendrán pronto; tercero, que se trata de tácticas de desestabilización social, para complicar la tarea del gobierno en su conjunto; cuarto, que se trata sencillamente de políticas miopes e irresponsables, pseudo-populistas, fundadas en consideraciones unilaterales o en las que se contemplan muy pocos de los múltiples factores involucrados; quinta, una mezcla de todo ello. Hay en todo caso dos hechos sorprendentes: que el PRI se siga ostentando como un partido que defiende causas populares y que la gente, en Chihuahua o en otras partes del país, siga votando por él. Es este un fenómeno que debería tener los días contados.

Hay muchas plataformas desde las cuales defender a la población de un país y sería ingenuo pensar que los individuos controlan o manejan los mecanismos propios de cada una de ellas. No es por decreto presidencial o de la suprema corte que se puede mejorar el nivel de vida de una comunidad dada. Pero esta posibilidad sí está abierta en lo que podríamos llamar la ‘plataforma jurídica’: en ella sí son grupos concretos de individuos, hombres y mujeres, quienes tienen el poder de decisión y de instaurar leyes, que son los canales por los que fluye la vida social. Es, por lo tanto, imperdonable cometer errores en este ámbito, puesto que el todo de la sociedad depende de las decisiones que se tomen, pero es criminal promover leyes y enmiendas que, como las de Chihuahua, son abiertamente contrarias al bienestar de la población, de su seguridad y que, más en general, representan el triunfo arrollador de la sinrazón. Lo que debemos gritar a derecha e izquierda es que la inminente alza de la criminalidad sexual y de la profunda injusticia que ella entraña será, en Chihuahua, responsabilidad neta de la clase priista de ese estado (puesto que, por lo menos hasta donde ha trascendido, ningún priista se ha opuesto públicamente, ha abandonado su partido, etc. En otras palabras, los priistas, siguiendo con sus mejores tradiciones, han conformado bloques y se atienen a las decisiones cupulares). Este cuadro político-legislativo particular exhibe una vez más lo que en este momento es el carácter esencialmente anquilosado y anti-histórico del Partido “Revolucionario” Institucional: precisamente ahora que en el Distrito Federal se planea la construcción de un nuevo reclusorio, que se promulgan en estados como Sinaloa y Nuevo León leyes para limitar los ataques verbales a las mujeres, que hay un clamor popular por que se introduzca la pena de muerte para crímenes como el secuestro, que la PGR se re-estructura y, con la ayuda de expertos policíacos de diversos países, inicia nuevas ofensivas en contra del narcotráfico, los priistas intentan navegar contra corriente y, a la menor oportunidad, enseñan su verdadero rostro: el de la corrupción y la injusticia institucionalizadas, el de paladines de las causas más retrógradas, hirientes y ofensivas y, por ende, el de los verdaderos enemigos de México.