Empezamos Mal!

Si la carrera por la rectoría de la UNAM arrancó tres meses antes de que el rector J. Narro deje el puesto, por lo visto la carrera por la Presidencia de la República empezó tres años antes de que el presidente E. Peña Nieto deje el cargo. Una expresión tangible de ello la tenemos, obviamente, en el nombramiento como nuevo presidente del PRI del hasta hace unos días diputado, ex-gobernador de Sonora en las tenebrosas épocas de Carlos Salinas de Gortari, Manlio Fabio Beltrones. Dejando las incontables implicaciones prácticas que tiene dicho nombramiento, lo único que por el momento podemos hacer es preguntarnos sobre su significado: ¿qué significa políticamente que se ponga ahora a Beltrones al frente del PRI? A mi modo de ver, el asunto es relativamente simple y la respuesta obvia: fundado en su ya larga experiencia como agente activo y exitoso dentro del sistema político mexicano y gran conocedor de todos los tejes-manejes de los procedimientos, mecanismos y rituales de la vida política nacional, a Manlio Fabio Beltrones se le ha encargado la delicada tarea de realizar para el presidente la labor política preparatoria a fin de que su candidato a la presidencia disponga, cuando sea destapado, de un partido sin disidencias, de manera que el destapado pueda iniciar su campaña bien respaldado por un partido sólidamente unificado para lo que desde ahora se ve que será un proceso particularmente problemático y reñido. Sobre cómo se irán haciendo los arreglos y las componendas dentro del PRI es algo sobre lo que no tenemos la menor idea, pero hay por lo menos algo que ahora sí ya sabemos: Manlio Fabio Beltrones no será el próximo presidente. Es plausible suponer que, en caso de que para entonces todavía le viera sentido a seguir activo en el sector público, si todo saliera bien él fuera el siguiente Secretario de Gobernación. Sin embargo, falta tanto para eso y van a suceder tantas cosas de aquí a entonces que dedicarle un minuto más al tema no es otra cosa que perder el tiempo.

Aludí al tema de la sucesión presidencial no porque esté particularmente interesado en él, sino más bien porque me parece claro que otros potenciales candidatos ya también, silenciosamente, iniciaron su campaña para candidatearse hacia la presidencia de la República. Ese, me parece, es el caso del muy hábil Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Si leemos los hechos con cuidado, tendremos que reconocer que su estrategia general está bien pensada, pues consiste en ir acumulando a partir de ahora resultados positivos de lo que habrá sido su gestión para presentar dentro de un par de años un paquete de resultados exitosos gracias a los cuales podría quedar ungido como el candidato de un frente amplio de oposición y ser así catapultado hacia la silla presidencial. Podemos entonces ver en el nuevo Reglamento de Tránsito para el distrito Federal el banderillazo de arranque de una discreta, pero no por ello menos real, pre-campaña presidencial. Hay, desafortunadamente, un problema: con este nuevo reglamento por delante lo único que se podría afirmar con certeza es que el Jefe de Gobierno de la ciudad habría arrancado su pre-campaña con el pie izquierdo. ¿Por qué? Porque el “nuevo” reglamento de tránsito representa un ataque directo a un sector importante de la población de la ciudad, pues visto con lupa no es otra cosa que un mecanismo de extorsión a la ciudadanía, un trozo de legislación anti-democrático, perverso, incoherente, inoperante, injusto y odioso. Prácticamente, lo único que tiene de nuevo es el incremento brutal de las multas! Constituye además una reglamentación esencialmente punitiva y que revela la profunda ineptitud de los legisladores capitalinos quienes, al parecer, no saben hacer otra cosa que calcar o plagiarse partes de legislaciones de otros países, mostrando su total incapacidad para pensar en las condiciones reales de la ciudad de México y elaborar un reglamento para ello, ad hoc a ella. Al igual que los animales que ven a diario disminuir sus territorios, sus “espacios vitales”, le será imposible a los conductores ajustarse a un reglamento tan absurdo como este que ahora nos anuncian, por lo que es de preverse también una cuantiosa derrama de dinero por parte de los cada día más hostigados y más castigados conductores. Surge la duda: ¿para qué querrá el Gobierno del Distrito Federal forrar sus arcas con el dinero de los ciudadanos?¿Será para poder competir más holgadamente con otros partidos cuando arranque la campaña para la presidencia de México? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que a cambio de mayores restricciones, a los ciudadanos conductores no se nos da nada: no se renueva la carpeta asfáltica, no se nos garantiza una mayor protección frente a ladrones, asaltantes y asesinos, no se nos da un tercer piso para desplazarnos cómodamente a la absurda velocidad fijada por los (pésimos) abogados del gobierno citadino. Nada de eso. Nada más se nos imponen nuevas obligaciones, nuevas restricciones, nuevos castigos. La verdad es que el anuncio del nuevo reglamento hasta suena a burla, puesto que es presentado como un reglamento pensado para darle “mayor seguridad a los ciudadanos”. Yo estoy convencido de que en el gobierno de la ciudad se piensa que los habitantes del Distrito Federal somos retrasados mentales!

Que el modo como se impuso el “nuevo” reglamento de tránsito ejemplifica a la perfección lo que son decisiones y procedimientos anti-democráticos es algo que nos queda claro tan pronto preguntamos dónde y cuándo se hizo la menor encuesta para inquirir acerca de lo que la ciudadanía opinaba respecto al tema del control vehicular en la Ciudad de México. Se nos apabulla de sol a sol con el mareante discurso sobre la democracia y sus valores, pero cuando surge una oportunidad para mostrar que efectivamente las medidas y decisiones gubernamentales que se toman emanan de consultas populares, de referéndums o por lo menos de encuestas, con lo que nos topamos es con decisiones de conciliábulo que sólo reflejan los intereses y las influencias de diversos grupos de interés (como el de las aseguradoras) y que simplemente ponen de manifiesto el hecho de que en esta ciudad carecemos por completo de genuina representatividad popular. A nosotros, los ciudadanos, quienes mantenemos al Estado mexicano a través de nuestros impuestos, se nos notifica, pero no se nos consulta. Por lo tanto, tenemos que ajustarnos a leyes y reglamentos que nos son impuestos por una autoridad que hasta podría ser extranjera. Simplemente se nos ordena que nos conduzcamos de cierto modo, se nos indica cómo tenemos que vivir, independientemente de si cuán irracionales sean las prescripciones en cuestión. En este sentido, el “nuevo” reglamento de tránsito es una auténtica joya.

¿Cómo diríamos, en general, que se mide el valor de un sistema normativo, de un reglamento? No es el lugar ni el momento para adentrarnos en sutiles y alambicadas discusiones, pero sí podemos sostener que es razonable pensar que la bondad de una determinada reglamentación es una función de las consecuencias que ésta tenga para la mayoría de las personas cuyas conductas rige. Pero entonces ¿por qué es bueno este reglamento?¿Contribuye acaso a, por ejemplo, que disminuyan los niveles de contaminación?¿Está diseñado para agilizar el tráfico en una ciudad cada vez más paralizada por la cantidad de vehículos y la mala calidad de las vías de comunicación? Exactamente al contrario! Es claro que este “nuevo” Reglamento de Tránsito no es más que un instrumento legal diseñado ante todo para extraer más dinero de los bolsillos de los conductores.

Yo diría que en general los Reglamentos de Tránsito para el Distrito Federal son ridículamente inconsistentes y éste, en la medida en que no modifica esencialmente nada en relación con el anterior, ciertamente no es una excepción. Consideremos rápidamente el caso de los vidrios polarizados. Por lo que se ve, ni el gobierno federal puede obligar a las compañías de autos a que no vendan sus unidades nuevas con vidrios polarizados, pero es perfectamente legal que un propietario cuyo auto no los tiene le ponga posteriormente a los vidrios de su auto la película que le venga en gana. ¿Cómo se va a hacer para distinguir entre el vidrio polarizado de fábrica y el vidrio polarizado por el dueño del auto?¿Se va a detener a los automovilistas para ir checando unidad por unidad? La distinción está mal trazada, pero si ello es así entonces la fracción VII del artículo 19 simplemente es inválida (y ridícula). Lo peor es que esto no es lo peor.

Dicho de manera general, el flamante reglamento de tránsito es descalificable de entrada por cuanto estipula líneas de conducta que se sabe que no van a ser acatadas, o peor aún: que no pueden serlo. Para ciertos efectos, por lo tanto, es además de incongruente e injusto totalmente fantasioso. Leyéndolo, uno se pregunta si quienes lo redactaron viven en la Ciudad de México o sólo ocasionalmente vienen de paseo. Un ejemplo de ello nos lo proporciona la irrealista fracción VII del artículo 14: ¿ignoran acaso quienes redactaron el reglamento que hay cientos, por no decir miles, de calles en la Ciudad de México que, por decisión de los vecinos, están cerradas a la circulación, a menos de que uno presente una contraseña, un documento, etc., y si no ignoran el hecho ignoran que esa realidad no se va a modificar? Si esa práctica, motivada desde luego por el temor a robos a casa habitación, de autopartes, a asaltos a personas y demás, es de hecho inamovible ¿qué sentido tiene prohibirla? Obviamente, la sensatez no es un rasgo distintivo del “nuevo” reglamento.

Sin duda alguna, sin embargo, el artículo más detestable y más abiertamente contrario al sentido común es el artículo 5 en su fracción V, muy especialmente en sus apartados (a) y (b) (aunque (c) no está exento de irracionalidad), esto es, el concerniente a los límites de velocidad. Un ser que llegara súbitamente a la Tierra podría imaginar que los legisladores están tomando medidas porque aquí la gente se desplaza a velocidades de 180 kilómetros por hora (digamos, en Insurgentes). La mera suposición es francamente ridícula. La velocidad media en la ciudad no rebasa en promedio los 30 kilómetros por hora. Todo mundo sabe, menos los obnubilados creadores y perpetuadores del reglamento, que un auto contamina más mientras más lentamente se desplace y mientras más veces se tenga que usar el freno. A las velocidades estipuladas (30 kilómetros en calles y avenidas y 70 kilómetros en vías rápidas. Esto último es increíblemente ridículo, porque por si fuera poco ahora que hay más autos se redujo arbitrariamente en 10 kilómetros el límite de velocidad en relación con el reglamento anterior!), tendremos que desplazarnos en primera o en segunda, consumiendo así más gasolina y contaminando considerablemente más de lo que lo haría un auto que se desplazara en tercera o cuarta (y perdiendo horas de trabajo para desplazarnos de un punto a otro). Además, por la multitud de baches y topes que contribuyen sistemáticamente al deterioro de las unidades, tenemos por doquier que ir frenando, por lo cual se usa más líquido de frenos y automáticamente se consume más gasolina (puesto que casi siempre se frena también con motor). Tomando todo esto en cuenta, parecería que cualquier reglamento de tránsito sensato debería tener como primer objetivo exactamente lo contrario de lo que éste promueve, es decir, agilizar el movimiento vehicular de la ciudad, entre otras cosas a fin de reducir lo más que se pueda la emisión de partículas contaminantes. Sin embargo y por paradójico que parezca, lo que este “nuevo” Reglamento de Tránsito Metropolitano promueve en su Artículo 5 es precisamente la costosa lentitud y la parálisis vehicular. ¿Cómo es posible que las propias autoridades limiten de manera tan grotescamente inapropiada, con pretextos ridículos, rayando en lo absurdo, la velocidad a la que se puede conducir en vías primarias, secundarias y especiales (c) a 70 kms por hora? Naturalmente, parte del problema es que de hecho las autoridades saben de entrada que nadie podría conducir normalmente ateniéndose a los límites establecidos, los cuales fueron deliberadamente impuestos para que sean sistemáticamente violados, porque el verdadero objetivo del “nuevo” reglamento es pura y llanamente multar a los conductores, independientemente de si lo que por medio de él se promueve es un incremento de la contaminación ambiental y de alertas atmosféricas, que se propicie la corrupción y que se desquicia un tránsito automovilístico de por sí difícil. Se expresa una gran preocupación por los peatones, pero hasta donde yo recuerdo no se ven peatones en el segundo piso. ¿Por qué entonces se ensañan con los conductores porque vayan, digamos, a 90 kms por hora?¿Qué pasa por ir a 90 kms por hora en el Segundo Piso o en el Periférico, cuando se puede, o sea, casi nunca?

Una faceta particularmente indignante del “nuevo” reglamento es el de las sanciones por puntos, una vulgar calca de mecanismos que es probable (aunque discutible) que funcionen sólo que en condiciones drásticamente diferentes a las que prevalecen en la capital del país y en México en general. El artículo 44 es particularmente infame, ilegítimo y atentatorio de los derechos humanos del ciudadano: por dos multas por exceso de velocidad, el ciudadano pierde en principio su derecho a manejar y es sólo tres años después que podrá volver a obtener una licencia! Eso se llama ‘represión’. El castigo, por otra parte, no exime al propietario de tener que pagar la tenencia de su auto, terminar quizá de pagar el auto mismo, pagar la verificación, desplazarse en un ineficiente e insuficiente transporte público, exponerse a ser asaltado, etc. Todo eso y más por no haberse adaptado a los anti-naturales e irracionales lineamientos de un caprichoso reglamento inventado básicamente para esquilmar al ciudadano.

Que, aparte de ser ambientalmente contraproducente, el Reglamento de Tránsito Metropolitano tiene un carácter altamente artificial es algo imposible de negar. Es imposible no percatarse de que en gran medida es un producto importado, es decir, una fácil copia de reglamentos vigentes en otros países. El problema es que a quienes lo importaron se les olvidaron también los trasfondos de los otros reglamentos: la calidad de las avenidas, calles y vías rápidas, la fluidez del movimiento vehicular, las facilidades para estacionarse, la calidad de los servicios policíacos, las tradiciones de manejo, etc. ¿Por qué no copian también la libertad que en Alemania tienen los conductores para manejar sin límites de velocidad en carretera? En Alemania tienen el 20 % de los accidentes que hay en México. Yendo en contra de lo que sensatamente se pretende en cualquier metrópoli equivalente en dimensiones y en problemas a la Ciudad de México, aquí el reglamento está a propósito diseñado ante todo para hacer caer al conductor en errores y faltas por medio de un reglamento anti-natural y con no otro fin que multarlo. Este reglamento, por lo tanto, promueve de hecho la corrupción y está en flagrante contradicción con los objetivos más elementales de cualquier política de salud y de tránsito vehicular racional que pueda articular un gobierno del Distrito Federal.

Una pregunta que la gente constantemente se hace es ‘¿cómo podríamos acabar con la corrupción?’, con ese mal que corroe a nuestra sociedad y sistemáticamente bloquea el desarrollo del país. No sé realmente qué sería una respuesta clara y exhaustiva a una pregunta tan compleja como esa, pero estoy seguro de que una forma de empezar a diagnosticar el mal es preguntando: ¿cómo se promueve la corrupción? La respuesta es simple: en gran medida, mediante leyes injustas y estúpidas, mediante reglamentos anti-sociales y descaradamente coercitivos, imponiendo mecanismos de opresión para que quienes se ostentan como representantes de la ley puedan cebarse en los ciudadanos, en su mayoría sin la capacidad suficiente para defenderse exitosamente de éstos y a cuya merced quedan. Visualizamos ya la formación de alegres jaurías de policías de tránsito desatadas por un reglamento infame y a quienes avalará en todas sus arbitrariedades y fechorías. Y pensar que todo lo horrendo que se nos viene encima podría deberse tan sólo a un ambicioso plan para implementar una potencial contienda política! Quiero pensar que estos acosados y agotados conductores capitalinos en su momento sabrán pasar la cuenta por esta nueva afrenta de la cual son víctimas por parte de sus indeseados gobernantes.

 

1 Comment

  1. Estimado Dr. Tomasini:
    Excelentes comentarios. Con lo único que no estoy nada de acuerdo es con que el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, sea “muy hábil”. Creo que es inhábil, no sólo para velar por los intereses de los habitantes de la Cd. de México, sino para cultivar los propios, como muy bien queda ilustrado en las líneas que usted mismo escribe.

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